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Se conmemora los 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero en Colombia el régimen ya ha ganado el campeonato de ser el primer país, donde más asesinan sindicalistas y defensores de derechos humanos y el primero con mayor número de desplazados en el mundo; No hay día en que no caigan líderes sociales, excombatientes de las Farc y jóvenes en manos de las fuerzas terroristas del Estado.

 

Las Farc pactaron con le Gobierno en los acuerdos de La Habana, la constitución de una Unidad de lucha contra el paramilitarismo, con el propósito de resolver los casos que no haya resuelto el Fiscal; Pero éste, en vez de apoyar la conformación de esta Unidad, la sabotea, no la deja funcionar y la está hundiendo, para esconder la existencia de los 13 mil casos de determinadores de paramilitarismo, que quedaron sin juzgar, desde 2005, cuando aplicaron la ley de Justicia y paz; De los cuales 3 mil corresponden a agentes del Estado y los otros 10 mil son empresarios nacionales y extranjeros, terratenientes, políticos y altos funcionarios estatales.

 

Como si lo anterior fuera poco, el Congreso aboga por que no se conozca la verdad sobre las víctimas y victimarios, pues esto implica, descubrir a los grandes empresarios, congresistas ricos y alta oficialidad como los verdaderos responsables de crímenes atroces. Esto es al punto que el Legislativo niega la participación de los defensores de Derechos Humanos en el sistema de magistrados para la Justicia Especial Para la Paz (JEP).

 

Durante el cese al fuego pactado entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el régimen ha incrementado la persecución política contra sus oponentes civiles, tendencia que registra el Informe sobre los primeros 50 días de cese, elaborado por la Veeduría Social:

 

“Del 01 de octubre al 20 de noviembre registramos un total de unas 299 víctimas individuales, de los cuales 45 son homicidios, 96 son personas heridas, 35 víctimas de amenazas individuales y 25 colectivos amenazados. La mayoría de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, y los departamentos más afectados en su orden son: Nariño, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. De acuerdo con las denuncias recopiladas en el presente Informe, se les atribuye a los agentes del Estado la responsabilidad en el 73 por ciento de la víctimas, autores desconocidos 17 por ciento, paramilitares el 8 por ciento y el ELN 1 por ciento”.

 

En la misma dirección, hasta el 31 de octubre se contabilizaban 133 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2017 de forma sistemática, además de 30 excombatientes desmovilizados de las Farc, hechos que cuestionan la voluntad de las elites, para buscar una solución política del conflicto y para lograr la paz.

 

El presidente Santos y otros altos funcionarios del gobierno, judiciales y militares, pretenden tapar el sol de la violencia estatal, simplemente con el argumento de que “no existe un patrón sistemático” y de esa forma se garantiza la impunidad de los crímenes de Estado. 

 

El régimen dominante en Colombia se ufana de ser un Estado de derecho, pero en realidad se sostienen con el 95 de impunidad, en los casos de violaciones graves a los Derechos Humanos que comete.

 

El ex Comisionado Restrepo del período de presidencia de Álvaro Uribe, dijo en alguna ocasión, a propósito del fallido proceso de Justicia y paz, de legalización de los paramilitares, que “El país no está preparado para tanta verdad”. Esta sentencia se mantiene hasta hoy, es lo que defienden las clases dominantes sobre el respeto a los Derechos Humanos.

 

Será la movilización y lucha del pueblo colombiano, junto a la solidaridad de los pueblos hermanos,  los que abran el camino de la paz con cambios, entre los cuales, uno de los más importantes será el respeto por los Derechos Humanos, donde el cuidado de la vida esté al centro.